Introducción al proyecto político-pedagógico de la “Universidad del 73” en la Universidad de Buenos Aires [1]

Por Sergio Friedemann (UBA/CONICET)

Luego de 18 años de proscripción del peronismo, y como resultado de la resistencia y una fuerte construcción de organización popular organizada en torno al esperado regreso de Perón, finalmente la dictadura de Lanusse, debilitada, decide llamar a elecciones levantando la exclusión del partido mayoritario. El 25 de mayo de 1973 son miles los que se sienten protagonistas de una gesta histórica, el principio de la victoria revolucionaria que marca la llegada al gobierno de un proyecto de “patria socialista” que ahora debe construirse, no sin dificultades sino a través de una larga lucha contra no pocos adversarios. Cuatro días después de la asunción, Cámpora firma un decreto para intervenir las universidades. 

A Puiggrós lo nombran rector interventor, y éste nombra a los decanos o “delegados interventores”. La gran mayoría de ellos, afín al proyecto de la “tendencia revolucionaria” del peronismo, fuerza hegemónica hacia dentro de las universidades nacionales. Dicho proyecto de “Universidad Popular”, si bien puede variar en el imaginario de los actores, parte de una crítica de la universidad “tradicional”, “liberal”, “positivista”, “cientificista” u “oligárquica”, y encuentra en las “cátedras nacionales” un germen de la “nueva universidad” que ahora se busca instituir.

Rodolfo Puiggrós, rector interventor.

La comisión de “delegados interventores” de la UBA redacta rápidamente los “Lineamientos Generales para la elaboración de la ley universitaria”. Se trata de un “borrador para ser discutido en las bases”. El punto de partida es que el pueblo a través de las urnas eligió un gobierno revolucionario para transformar estructuralmente las relaciones sociales. Entre ellas se encuentran el sistema educativo en general y particularmente el sistema universitario. Al mismo tiempo se asume que la transformación a realizar no puede darse de un día para el otro, por lo cual se planifica su maduración. Se afirma que la próxima ley universitaria debe ser “de carácter transitorio y de una flexibilidad poco usual” (UBA, 1973: 23-24), declarándose la Universidad “en estado de Reconstrucción”. Se establece que los tres estamentos universitarios (docentes, estudiantes y no-docentes) deben participar activamente en ella. Pero también se propone la “inclusión de un 4º estamento (…) en representación de los intereses nacionales”, ya que abrir la Universidad al pueblo significa no solo facilitarle el acceso sino también la participación en sus decisiones, “como garantía de que nunca volverá a ser una isla, ni oligárquica ni cientificista” (UBA, 1973: 27). Es decir, se plantea la representación y amplia participación de los tres claustros (incluyendo a los auxiliares dentro del claustro docente, y excluyendo a los graduados), y también la participación del pueblo, ordenado en un cuarto estamento “en representación de los intereses nacionales no específicamente universitarios” (Lineamientos).

También se afirma en dicho documento:

- Que los títulos que la Universidad otorga ya no pueden ser para consolidar privilegios de ciertos sectores sociales. La organización “ya no será autoritaria, elitista, limitacionista”.

- Los métodos y contenidos de enseñanza deben modificarse, y ya no pueden ser “canales de dependencia y colonización cultural”.

- La educación es permanente y el objetivo es que todo ciudadano adulto trabaje, estudie y enseñe, por lo que el destinatario de la Universidad pasa a ser “toda la población adulta, tenga o no diploma de estudios secundarios”. El Estado debe procurar que se extenderá el ingreso a la Universidad a toda la población

- Se vincula el aprendizaje con el trabajo productivo y la necesidad de “destruir el mito de la ciencia elitista”, eliminando gradualmente “el concepto del titulo o diploma como una consagración, antes de la cual se está totalmente incapacitado, y después de la cual plenamente capacitado”.

            - Régimen de trabajo manual obligatorio en los sectores de la producción afines a la orientación de cada carrera, “a fin de propender a la desaparición progresiva de las diferencias entre trabajo manual y trabajo intelectual, que traen como consecuencia la marginación de los estudiantes de la realidad del pueblo”.

Uno de los actores fundamentales a la hora de planificar las políticas universitarias es el movimiento estudiantil, como lo refleja un escrito de la JUP firmado en abril de 1973, que más que un documento de una agrupación universitaria, parece un plan de gobierno (JUP, 1973). Por su parte, el ministro de educación Jorge Taiana ofrece un discurso, publicado y difundido bajo el título “la Universidad no es una isla en el proceso nacional”. Allí plantea cuál es el rol del Estado para lo que Cámpora había definido como una “revolución educativa y popular” (Taiana, 1973: 2). Las Universidades y sus unidades académicas no toman decisiones aisladas, sino que son responsables ante el ministerio de educación y éste ante el Estado nacional (idem: 17). El concepto de autonomía universitaria es puesto en tela de juicio: La Universidad es una expresión más del poder colectivo que acompaña el proceso de liberación, como dijera el flamante rector de la UBA, Rodolfo Puiggrós:

La Universidad tiene que ser una parte decisiva y fundamental de las pautas y de la orientación del gobierno nacional y por lo tanto de todos los argentinos. Si se entiende por autonomía una Universidad que actúe por si misma, sometida a las influencias y directivas que no correspondan a esa orientación general del país, estoy totalmente en contra. (Puiggrós, 1974: 29)

De todos modos la autonomía universitaria va a aparecer en la nueva ley universitaria, como veremos a continuación.

(…)

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[1] El presente texto constituye un fragmento de la ponencia presentada en las II Jornadas de Historia de la Universidad Argentina, realizadas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, 4 y 5 de noviembre de 2010, titulada Institucionalización de la figura de Universidad Popular. Una aproximación a las políticas universitarias del ´73. El caso de la Universidad de Buenos Aires